La explosión en la Escuela N°49 de Moreno producida por una pérdida de gas que
terminó con la vida de Sandra y Rubén, evidencia de forma brutal el peligro que
corremos lxs trabajadorxs de la educación y nuestrxs alumnxs durante las
jornadas laborales y escolares.
En la Ciudad de Buenos Aires, desde hace muchos años docentes y estudiantes
denunciamos las condiciones en las que están las escuelas porteñas y la
necesidad de contar de forma inmediata con reparaciones que acaben de raíz con
las problemáticas estructurales de los edificios. Quienes transitamos
diariamente los establecimientos educativos sabemos que los problemas son
disímiles y van desde escapes de gas y el consiguiente corte de suministro,
inconvenientes con los tendidos eléctricos y en tanques de agua y cañerías,
paredes electrificadas, goteras y techos que se caen, falta de estufas y
ventiladores, problemas en los sanitarios, mobiliario inadecuado y escaso,
ausencia de espacios para el dictado de clases y el desarrollo de actividades
escolares, falta de medidas de seguridad y de acceso, escasez de personal de
limpieza, invasión de roedores; por nombrar sólo algunos, la lista es
interminable y se engrosa día a día.
Por otro lado, cuando el gobierno se digna a realizar alguna reparación, éstas se hacen
dentro del horario escolar, lo que genera un riesgo aún mayor para docentes y
estudiantes ya que circula personal ajeno al establecimiento dentro de la
escuela, quedan al alcance de menores herramientas o elementos cortantes, y se
convive con ruidos y polvo que imposibilitan el dictado normal de las clases.
En otras ocasiones se suspenden las actividades durante una jornada o parte de
la misma y se pierden horas de dictado de clases.
Esta situación no es nueva, forma parte de la política de ajuste y precarización que lleva a
cabo el Gobierno de la Ciudad hace años. Se profundiza día a día a nivel
nacional y cae sobre la educación en su conjunto con el objetivo de vaciar y
destruir la escuela pública con el traspaso de fondos del sistema de gestión
pública al privado, tal como estipulan las recetas de los organismos
internacionales.
Docentes y estudiantes sabemos que la educación es un derecho, que debemos defenderla y
que lo pedagógico no puede escindirse de los problemas de infraestructura.
Estudiar en escuelas que no están en condiciones y que ponen en peligro la vida
de estudiantes y trabajadores afecta de forma directa los procesos de enseñanza
aprendizaje. Las escuelas deberían ser espacios donde niñxs y jóvenes puedan
desarrollarse críticamente y no escenarios peligrosos y desagradables en donde
pasamos frío y estamos incómodos entre ratas y muebles rotos. La Secundaria del
Futuro plantea reformas estructurales y tecnológicas que requieren de mucha
inversión. En algunas escuelas se han arreglado los espacios en los que se
dictan las clases correspondientes a la reforma pero no se han solucionado
problemas estructurales de los inmuebles, lo que genera diferencias al interior
de las instituciones en las que conviven alumnxs que cursan con muebles nuevos
y otros con bancos destruidos. Nosotrxs sabemos que es una nueva farsa.
La lucha por la escuela pública y de calidad demanda que de forma inmediata exijamos que
el estado se haga cargo de la situación de abandono que sufren los edificios
escolares y se destine más presupuesto para infraestructura y mantenimiento. Es
preciso que nuestras demandas confluyan en una medida de lucha concreta que
movilice al conjunto de la comunidad educativa para que de una vez por todas
las escuelas sean espacios habitables y seguros.
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