Un balance del conflicto en defensa de las juntas

Durante la última etapa del año pasado, los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires enfrentamos el proyecto de ley impulsado por el gobierno porteño, que se constituyó en una violación de nuestro estatuto al derogar las Juntas de Clasificación y de Disciplina.

La lucha desarrollada en defensa de las juntas se erigió en una de las más importantes que hemos protagonizado los docentes de la ciudad en los últimos años. La política antieducativa del gobierno despertó la indignación de miles de maestros a lo largo y a lo ancho de la capital.

Sin embargo, pese a los paros masivos, a las movilizaciones y a un sinnúmero de actividades que hemos llevado adelante, no pudimos detener el atropello del gobierno y el proyecto, finalmente, se aprobó.

El proceso de organización y lucha

Al irnos interiorizando de la existencia del proyecto de ley y, sobre todo, de su contenido, los docentes fuimos informándonos y debatiendo sobre sus alcances. Primero, en forma aislada y desorganizada, en las salas de maestros y en los recreos. Después, en reuniones y asambleas de escuela. Este proceso de debate entre nosotros ha sido muy rico y nos ha permitido estrechar nuestros lazos en torno a una problemática común: la defensa del carácter público de la educación y la transparencia en la designación de nuestros cargos.

Los primeros paros lanzados por los sindicatos tuvieron una adhesión casi total. Muchos docentes realizaban un paro por primera vez y mucho otros volvían a parar, nuevamente, después del asesinato de Carlos Fuentealba en 2007. Sin embargo, las primeras movilizaciones, nos encontraron algo desorganizados, generando que muchos compañeros no participaran de ellas, pero, aún así, fueron muy grandes.

Posteriormente, la organización fue avanzando: se extendieron las asambleas en muchas escuelas, se desarrollaron asambleas distritales en casi toda la ciudad y se instrumentaron volanteadas, charlas, radios abiertas, cortes de calle, festivales y demás actividades para difundir nuestro conflicto en la comunidad educativa. Al mismo tiempo se fueron organizando mejor las movilizaciones, haciendo carteles y banderas en las escuelas y en los distritos y movilizando organizadamente desde cada barrio a manifestar nuestro rechazo frente a la legislatura porteña. Un hecho que marco uno de los momentos más altos de esta lucha, ha sido una asamblea masiva (en la que el único sindicato presente fue Ademys) realizada en las puertas de la legislatura que debatió y voto medidas de fuerza para continuar la pelea.

Toda esta lucha, fue avalada mayoritariamente a través del voto del 70% de los docentes, en las elecciones de juntas.

Legisladores, barrabravas y policías…

El conflicto puso de manifiesto la decisión política de promulgar el proyecto de ley que ataca nuestras juntas, por parte del gobierno del PRO. El gobierno porteño contó, además, con la complicidad directa del bloque de la Coalición Cívica (que presentó el proyecto del legislador Abrevaya, que finalmente fue aprobado), de Encuentro Porteño y Unión Federal. Sistemáticamente, el gobierno de la ciudad se negó a entablar el diálogo y a implementar cualquier tipo de consulta con la docencia. Desde la cartera de educación atacaron los paros, amenazando con los descuentos para implementarlos compulsivamente en el mes de noviembre. A la condena de los paros, se sumó la voz del ministro de educación nacional, Sileoni, quien afirmó que no teníamos ninguna razón para hacer paros, apoyando, de este modo, la iniciativa del macrismo.

Para garantizar la aprobación, Macri recurrió a su barrabrava, que nos patoteó mientras nos manifestábamos en las puertas de la legislatura. Luego, la policía nos reprimió lanzando agua, gases lacrimógenos y balas de goma desde el interior del palacio legislativo.

Finalmente, 27 legisladores avasallaron la voluntad de más de 30.000 docentes.

El rol de los sindicatos

En primer lugar, es necesario remarcar que los docentes de la ciudad desarrollamos esta lucha aislados del resto de los docentes del país. Y esto ha sido así, no por el desdén de nuestros compañeros de las provincias, sino por la inacción de la CTERA. La CTERA nos dejó solos, como antes había abandonado a su propia suerte a los docentes de Santa Cruz. ¡Qué distinto hubiese sido si nuestra lucha era fortalecida por el apoyo de toda la docencia del país, mediante un paro nacional!

Ninguna de los sindicatos de la ciudad estuvo a la altura de las circunstancias. En lugar de representar la voluntad de dar batalla que demostró varias veces la docencia, se limitaron a organizar paros aislados, que no formaron parte de un plan de lucha. Concretamente la docencia, se vio a sí misma desorientada al parar y movilizar en defensa del estatuto, pero sin saber cómo se proponía seguir. Esta situación de incertidumbre generada desde las conducciones sindicales hizo dudar a muchos de la eficacia real de las medidas de fuerza. Por esa razón, en el transcurso del conflicto, y con el agravante de la amenaza de los descuentos, hizo que muchos compañeros abandonaran la pelea.

Un conflicto como el del año pasado debía haber contado con un plan de lucha puntual, en el que cada medida esté comprendida en un plan general de acciones a seguir y que previera la gravedad de los descuentos organizando, por ejemplo, un fondo de huelga, para que la cuestión económica no minara nuestra lucha. En este sentido, la lucha se hubiese desarrollado con otras características, por ejemplo, con paros progresivos y con la nacionalización del conflicto.

Ademys intentó, en el tramo final del conflicto, implementar un plan de lucha con el paro de 48hs, el acampe y el bloqueo de la legislatura. Sin embargo, no había planificación alguna sobre qué hacer si el proyecto era aprobado, como lo fue.

La dirección de la UTE, el sindicato base de la CTERA y el mayoritario y de mayor influencia de la ciudad, tuvo la máxima responsabilidad en la derrota sufrida. En los pocos plenarios en los que nos convocó durante el conflicto, se negó, pese a los innumerables mandatos de escuela, a impulsar un plan de lucha sostenido. Se resistió, también, a plantearle a la CTERA un paro nacional, pese al insistente reclamo de delegados y representantes de escuela. ¿Por qué? Porque su conducción no responde al mandato de los docentes que día a día trabajan en las escuelas, sino a los intereses del gobierno nacional.

Lo cierto, es que el empuje desde abajo, desde las escuelas, obligó, más de una vez, a las conducciones sindicales a impulsar el paro y la movilización.

Lo que dejó el conflicto

El balance del conflicto, como todo fenómeno social, es complejo y contradictorio. Si bien, los docentes vimos cómo los legisladores porteños avasallaron nuestro estatuto y no logramos ponerle freno a la avanzada antieducativa del macrismo, la pasada lucha nos hizo tomar conciencia de la necesidad de organizarnos en defensa de la educación pública, desde cada escuela, desde cada distrito. Y este es, sin dudas, el aspecto positivo que dejó nuestra lucha.

Debido a la experiencia que protagonizamos, ahora estamos en mejores condiciones para abordar las luchas futuras. Conocemos la potencialidad de nuestra propia fuerza, el rol de los gobiernos que se desentienden del sostenimiento de la escuela pública y el papel que juegan los sindicatos que no representan genuinamente a los trabajadores.

El pasado conflicto, nos deja la convicción de que, para defender efectivamente la educación pública, debemos avanzar en la organización de los docentes a través de la afiliación sindical para ser partícipes de la toma de decisiones, en la promoción de delegados en cada escuela, en la coordinación distrital, mediante las asambleas y demás ámbitos de reunión y participación y, fundamentalmente, para recuperar la UTE para ponerla al servicio de los intereses de los trabajadores.

¿En qué consiste la nueva ley?

Principalmente, la ley aprobada modifica los artículos 10 y 11 del Estatuto Docente.

Se crea la COREAP (Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales), dependiente del Ministerio de Educación, y las Juntas de Clasificación y seguimiento de Concursos Docentes.

La COREAP tiene como función la inscripción, clasificación y la instrumentación de los concursos docentes. Estará integrada por 3 miembros dispuestos por el Poder Ejecutivo. Éstos durarán un año y podrán ser redesignados indefinidamente.

Las Juntas de Clasificación y Seguimiento de la Clasificación y Concursos Docentes estarán integradas por cinco (5) miembros de los cuales tres (3) serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio del personal docente titular y dos (2) designados por el Ministro de Educación. Las juntas de Primaria y Media estarán integradas por ocho (8) miembros, seis (6) elegidos por el voto directo de los docentes y dos (2) designados por la COREAP.

¿Por qué defender nuestro estatuto?

Nuestro estatuto representa casi un siglo de largas luchas (*). De las cuales surge en 1958 la sanción de la Ley 14.473 del Estatuto Nacional Docente. A partir de ese momento se materializan los reclamos postergados por años, como son la estabilidad laboral, las remuneraciones, el ascenso a los cargos por concursos, el sistema de Licencias, la capacitación, participación en el gobierno escolar mediante las Juntas de Clasificación y Disciplina, etc.

Dicha Ley sirvió como base a todos los distritos nacionales para la elaboración de sus estatutos, que en 1976 fueron derogados por la dictadura militar. Recién en 1984 se sanciona en Capital Federal lo que hoy es nuestro estatuto a través de la Ordenanza Nº 40.593.

Dicha ley fue un producto de largos debates y mucha participación docente.

A partir del 84’ se abre un período de debate escuela por escuela con la intención de materializar un estatuto propio. El mecanismo consistía en abrir el debate dentro de cada escuela, del cual surgía un mandato que era llevado por el delegado a una asamblea distrital y más tarde a una reunión de toda la Capital Federal. De ésta manera es que nace lo que hoy es nuestro Estatuto.

(*) Las primeras luchas docentes se registran desde principio del siglo XX, junto a la creación de la Confederación Nacional de Maestros (1910) y la Liga Nacional de Maestros (1916).