La privatización de la educación en Argentina
(junto con muchos otros rubros) se inicia con el golpe militar del 76 cuando se
comienza a financiar por parte del Estado las primeras escuelas privadas;
profundizándose mucho más desde la década de los noventa hasta nuestros días.
En Capital Federal, hay más alumnos asistiendo a escuelas privadas que
públicas.
Con el crecimiento de la educación privada
también se profundiza el concepto de educación como una mercancía, un servicio,
donde existe una oferta y una demanda, un cliente y un producto. Desde entonces
es que comenzamos a hablar de calidad, rendimiento, y eficacia educativa.
El financiamiento a la educación privada va acompañado
de la descentralización presupuestaria a
la educación publica, donde el Estado
Nacional de desliga de mantener la
educación, pasando dicha responsabilidad a las provincias. La Reforma Educativa
de los 90 (Ley de Transferencia, Ley Federal –LFE- y Ley de Educación
Superior-LES) provocó la mayor fragmentación de la historia en la inversión
educativa en cada provincia con la consecuente violación de los derechos de
todos a acceder a igual calidad de la educación cualquiera sea el lugar
geográfico de nacimiento. La transferencia de los diferentes niveles educativos
a las provincias, redujo los gastos de la Nación y descargó el peso de la misma en estas
últimas.
El discurso oficial indica que la inversión
educativa se incrementó: de $ 2.146.millones a $4.779 millones. Sin embargo en
las aulas no vemos un peso, ya que esa cifra esconde una inflación mucho mayor.
Otro factor, es el hecho de que dentro de dicha suma se incluyen los fondos
destinados a sostener una gran superestructura de técnicos, mecanismos de
control y evaluación, proyectos que están por fuera del Sistema Educativo
Formal, libros cuya compra se define centralmente, y sin consultar a los
maestros. Por último, cabe aclarar que también se incluyen los fondos
destinados a subsidiar la educación privada, que en Capital Federal ha
aumentado considerablemente (32% de aumento para el 2012).
A la falta de presupuesto, en Capital, se suma
la subejecución del mismo, donde no se ejecuta el 100% del presupuesto
destinado. Es el caso del presupuesto para infraestructura del cual solo se
gasta la mitad del total. Para este año se redujo un 3%.
Es así que el estado, a través de la
descentralización, busca correrse de sus responsabilidades, al mismo tiempo que
incrementa los subsidios a la educación privada. Capital Federal es un claro
ejemplo.
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